Sin lugar a dudas, de entre las aportaciones que se hicieron a la convivencia nacional con ocasión del consenso constitucional que alumbró nuestra vigente Constitución, hay que destacar dos acuerdos o pactos inéditos en nuestra anterior historia política: me refiero a la redacción del artículo 16 de nuestra ley fundamental, que resolvió la continua pugna en torno a la cuestión religiosa, objeto de tensiones durante dos siglos, y la formulación del artículo 27 que encierra un auténtico pacto de Estado sobre nuestro sistema educativo, un compromiso que nos ha brindado fórmulas de entendimiento durante cuarenta años.

Un precepto complejo que compendia varios derechos y libertades, como son el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa que sus hijos han de recibir, la libertad de creación de centros docentes y el principio de ayuda de los poderes públicos a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca (sin que la Constitución distinga entre públicos o privados). Con diversos vaivenes, derivados en gran parte de la inestabilidad legislativa en el campo de la educación, que hemos sufrido desde 1980 (siete leyes y una enorme actividad reglamentaria), lo cierto es que durante estas cuatro décadas han podido convivir diversas ofertas educativas, sean de titularidad pública o de iniciativa social, concertada o puramente privada, dándose el caso curioso de que la posibilidad de conciertos educativos se debió a una ley socialista.

Sin embargo, parece que esa relativa paz social en el ámbito de la enseñanza se ve amenazada por diversas propuestas de la Ministra Celaá que abren de nuevo polémicas aparentemente superadas, pero que se sitúan en la línea de ciertos partidos radicales que reniegan de la Transición. Por una parte, Celaá ha dicho en ámbito parlamentario y fuera de él que para ella la oferta educativa de titularidad pública ha de ser la determinante del sistema educativo, mientras que las propuestas de iniciativa social serían subsidiarias de ella, tergiversando así el recto sentido del principio de subsidiariedad, que significa justo lo contrario, es decir que el Estado ha de ser subsidiario respecto de la familia, los grupos sociales y las iniciativas de la sociedad civil, lo cual nos lleva a una concepción estatista del sector educativo y de la sociedad en su conjunto, noción que a mi juicio entra en conflicto con la teleología y la letra del repetido artículo 27 de nuestra Constitución.

Para ello, una de las propuestas básicas que se anuncia en la nueva legislación educativa es la eliminación o reforma del artículo 109 de la LOMCE, verdadera obsesión de los actuales gobernantes en tanto en cuanto dicho precepto, al regular la programación de la oferta educativa por parte de las Administraciones educativas, establece la toma en consideración de la oferta existente de centros públicos y concertados “y la demanda social” (sic), referencia esta última que seguro se intentará suprimir de la nueva normativa, porque la demanda social respecto de centros concertados es creciente, lo cual choca de bruces con una concepción de tan rígido estatismo como el que profesa la responsable política del sector.

La segunda piedra de toque de la anunciada reforma seguro que va a ser el estatuto jurídico de la asignatura de Religión, que se pretenderá no evaluable y situada en un horario en el cual frente a la posibilidad de asistir a la clase de dicha materia no habrá contenido alternativo alguno, por lo cual la elección de muchos alumnos –dada la edad en la que esto acontece- será la de irse a casa o a cualquier otra actividad.

Probablemente la nueva legislación incumplirá lo establecido en los Acuerdos de 1979 suscritos entre el Estado Español y la Santa Sede respecto a esta cuestión, pero, da igual, porque en realidad el incumplimiento ya es patente por la vía de los hechos, pues tres de cada diez centros docentes del País Vasco ya no ofrecen la asignatura de Religión, mientras que decenas de centros públicos de la Comunidad Valenciana, a mediados de noviembre, todavía no tienen cubiertas las plazas de profesores de Religión. Es la vía fáctica como alternativa espuria a la legalidad.

Editorial publicado en el Boletín de la ACdP nº 1201